Duterte instó a sus colegios a no "utilizar al pueblo" para justificar lo que describió como resultados políticos predeterminados. Duterte enfatizó que el impeachment es un proceso constitucional destinado a garantizar la rendición de cuentas, no una herramienta para el patrocinio o los maniobras partidistas. Advertió a los legisladores contra la invocación del interés público si no están dispuestos a enfrentarse a sus constituyentes y a defender la verdad. Mientras tanto, el Representante del 4º Distrito de Cavite, Kiko Barzaga, dijo que no apoyaría ninguna denuncia de impeachment, aunque respaldaba una investigación sobre el uso de fondos confidenciales por parte de la vicepresidenta. Reiteraron que el impeachment es un grave remedio constitucional que no debe ser abusado. El artículo también revisitó el fallido intento de impeachment contra la Vicepresidenta Duterte en 2025, que fue anulado por la Suprema Corte por violar la prohibición constitucional de un año sobre procedimientos de impeachment. Argumentó que el supuesto mal uso de fondos públicos para impulsar los esfuerzos de impeachment sería una ofensa más grave. Otros legisladores hicieron eco de las llamadas a la moderación, subrayando que las denuncias de impeachment deben basarse en hechos verificados y sólidas pruebas, no en especulaciones o ruido político. Con la prohibición a punto de expirar en febrero, han resurgido las discusiones sobre la presentación de una nueva denuncia. Por su parte, Malacañang dijo que el Presidente Ferdinand Marcos Jr. no intervendrá en ninguna candidatura de impeachment, permitiendo que el Congreso y el proceso constitucional sigan su curso. El Representante del 1º Distrito de la Ciudad de Davao, Paolo Duterte, advirtió a sus colegas de la Cámara contra el apoyo a una posible nueva denuncia de impeachment contra su hermana, la Vicepresidenta Sara Duterte, diciendo que el movimiento es impulsado solo por unos pocos poderosos y no por la voluntad del pueblo. En un comunicado emitido el domingo, Duterte subrayó que el impeachment debe reflejar los sentimientos genuinos de los constituyentes de los legisladores y no decisiones supuestamente tomadas a puerta cerrada por personas que controlan los fondos políticos y la influencia.
