El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha declarado el estado de emergencia nacional energética, citando riesgos para el suministro de combustible y la estabilidad de precios, ya que las tensiones en Oriente Medio continúan perturbando los mercados petroleros globales. Bajo la Orden Ejecutiva No. 110, el gobierno tiene como objetivo implementar medidas urgentes y coordinadas para garantizar la suficiencia y estabilidad del suministro energético del país. Malacañang aclaró que la declaración es una medida preventiva y no una respuesta a una escasez real, señalando que el suministro de combustible sigue siendo suficiente. La orden permite al gobierno aplicar políticas de conservación, gestionar la asignación de combustible y movilizar recursos entre las agencias para mitigar el impacto en consumidores y empresas. Central en la respuesta está el programa "UPLIFT", o Paquete Unificado para los Medios de Subsistencia, Industria, Alimentos y Transporte, diseñado para apoyar a los sectores vulnerables y mantener la actividad económica. Un comité interinstitucional UPLIFT, presidido por el Presidente, supervisará la implementación, con los departamentos clave encargados de garantizar la seguridad del combustible, monitorear los precios y coordinar con los actores del sector. Las autoridades también pueden agilizar proyectos energéticos, simplificar permisos y tomar medidas contra el acaparamiento y la manipulación de precios. El gobierno también tiene previsto expandir las subvenciones de combustible, la asistencia de transporte y los programas de protección social para trabajadores, agricultores, pescadores y trabajadores filipinos en el extranjero afectados por el aumento de costos. La emergencia energética permanecerá en vigor durante un año, a menos que sea levantada antes o extendida por el Presidente.
