La vicepresidenta Sara Duterte dijo: «No hay pruebas suficientes para justificar un caso de destitución en mi contra». Líderes de la Cámara de Representantes dijeron anteriormente que el comité tiene la autoridad para citar y examinar los registros bancarios de la vicepresidente como parte del proceso de destitución. Según la Sección 2 de la Ley de Secreto Bancario de Filipinas, los depósitos bancarios son generalmente confidenciales, pero pueden examinarse en ciertos casos, incluidos los procedimientos de destitución. Sin embargo, Duterte argumentó que la conclusión anterior del comité de que las denuncias de destitución eran suficientes en sustancia ya debería significar que las acusaciones están respaldadas por pruebas. «El comité no puede llevar a cabo una investigación para buscar pruebas que respalden las acusaciones ya presentadas en las denuncias de destitución», dijo. La vicepresidenta hizo este comentario después de que el líder de la minoría en la Cámara y diputado de la lista del partido Akbayan, Chel Diokno, pidiera al Comité de Justicia de la Cámara de Representantes que emitiera una citación duces tecum para obtener documentos clave, incluidas las Declaraciones de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto de Duterte (SALN). Diokno dijo que los documentos son necesarios para que el comité «cumpla su mandato de evaluar las pruebas para decidir si existen suficientes fundamentos para la destitución». En un comunicado, Duterte dijo que la solicitud refuerza su posición anterior de que las denuncias en su contra carecen de pruebas. «Esto solo refuerza lo que he estado diciendo todo el tiempo. Hacerlo equivaldría a una tercera 'expedición de pesca' por parte de la Cámara de Representantes», dijo. Duterte dijo que la primera supuesta «expedición de pesca» ocurrió durante las audiencias del presupuesto de 2024, seguidas por las audiencias del Comité de Buen Gobierno y Responsabilidad Pública, donde se planteó el problema relacionado con «Mary Grace Piattos». «Ahora estamos presenciando otro desesperado intento de buscar pruebas donde no existen», añadió. La vicepresidenta también describió el esfuerzo de destitución como un ataque político. «Déjenlo decir de nuevo por enésima vez: la destitución es un ataque político diseñado para proteger a ciertas personas y promover intereses personales y extranjeros», dijo Duterte. Dijo además que los ataques continuos por parte de la Oficina del Presidente de Filipinas y la Cámara de Representantes de Filipinas, en medio de las tensiones en Oriente Medio, son un «insulto» a los trabajadores filipinos en el extranjero, los pobres y las familias filipinas afectadas por la crisis. El 4 de marzo, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes consideró que las denuncias de destitución contra Duterte eran suficientes en sustancia. Las denuncias acusan a la vicepresidenta de traición a la confianza pública y de violación culposa de la Constitución, entre otras acusaciones, incluido el supuesto mal uso de 612,5 millones de pesos filipinos en fondos confidenciales y una supuesta amenaza contra Ferdinand Marcos Jr. y su familia.
