El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha solicitado formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo excuse de asistir a la próxima audiencia de confirmación de cargos, manteniendo que no reconoce la autoridad del tribunal sobre él. Duterte también señaló su avanzada edad y frágil salud, diciendo que ya no desea seguir los procedimientos de forma remota o participar en audiencias que cree que podría no recordar. A pesar de negarse a asistir, expresó confianza en que su equipo legal desafiaría las pruebas de la fiscalía, negando las acusaciones de que supervisó ejecuciones extrajudiciales y describiendo las afirmaciones como políticamente motivadas. Según el Artículo 61 del Estatuto de Roma, una persona acusada generalmente debe comparecer ante la Cámara de Pre-Trial para la confirmación de cargos, aunque los procedimientos pueden continuar sin ellos si renuncian a su presencia o no pueden ser asegurados. En una carta del 17 de febrero, Duterte dijo que sus abogados habían explicado plenamente las consecuencias de renunciar a su derecho a comparecer. Afirmó que fue llevado a La Haya en violación de la soberanía filipina y alegó que su transferencia fue facilitada por la administración actual. La CPI aún no ha decidido sobre la solicitud de Duterte.
