El Palacio de Malacañang desestimó la afirmación del expresidente Rodrigo Duterte de que fue “secuestrado” por el gobierno de Filipinas después de negarse a asistir a las audiencias de la semana ante la Corte Penal Internacional (CPI). La secretaria de Prensa del Palacio, la subsecretaria Claire Castro, declaró que el gobierno permite que los procedimientos de la CPI avancen de acuerdo con la Ley de la República No. 9851, o la Ley Filipina sobre Delitos contra el Derecho Humanitario Internacional, el Genocidio y otros Delitos contra la Humanidad. “Como ya ha comenzado la audiencia, nuestro gobierno, a través de la ley 9851, permite que el caso se escuche plenamente allí”, dijo. Citando el Artículo 17 de la ley, Castro explicó que las autoridades filipinas pueden ceder a un tribunal internacional cuando un caso ya está siendo escuchado o investigado en el extranjero. También señaló que las denuncias contra Duterte fueron presentadas por ciudadanos filipinos que en ese momento creyeron que no podían obtener justicia localmente. En una notificación firmada del 17 de febrero, el expresidente de 80 años dijo que no asistiría a las audiencias de la CPI programadas del 23 al 27 de febrero, principalmente porque no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre su persona. “No reconozco la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre mi persona. Soy un ciudadano filipino que fue obligado a subir a un jet y enviado a La Haya en los Países Bajos en flagrante violación de la Constitución de mi país y de la soberanía nacional”. “Mi secuestro fue facilitado por la oficina del presidente en funciones de Filipinas con un avión especialmente fletado para este propósito”, dijo Duterte. Castro también descartó las sugerencias de que la declaración de la vicepresidenta Sara Duterte sobre su intención de postularse a la presidencia en 2028 podría afectar el caso de su padre por crímenes contra la humanidad en relación con la guerra contra las drogas de su administración. Sin embargo, dijo que la candidatura planificada de la vicepresidenta en 2028 podría usarse para reforzar las afirmaciones de que la familia Duterte está siendo sometida a una persecución política. “Probablemente, ella solo lo está usando ahora para continuar su narrativa de que es perseguida solo por motivos políticos”, dijo Castro.
